Manifiestos del 13 de enero

Aquí mostramos los manifiestos que la Colla XICALLA ha ido confeccionando con motivo de los aniversarios de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal de Menores.
Nuestra firme oposición a la Ley ha sido quizá nuestro frente de denuncia más claro, pensamos que el maltrato que de ahí se deriva va mucho más allá de lo meramente punitivo,ya que desde los parámetros educativos y protectores que propugna la ley (por el interés superior del menor) se comenten injerencias hacia toda la realidad de la infancia, y además se promueve un modelo de intervención profesional tecnificado muy nocivo e incubierto por buenas maneras que no dan lugar a atender a las necesidades de la infancia.
El tema de la Ley penal ha estado muy presente en la opinión pública, unos pidiendo más endurecimiento de penas, otros demandando más recursos para su aplicación, y otros muchos alardeando de progresismo y satisfacción por la nueva ley.
Desde la COLLA XICALLA hemos visto fundamental manifestar nuestra repulsa y ofrecer nuestra visión crítica.

13 de Enero de 2001

Y nosotras decimos un No rotundo e indignado pues:

1.- Es una opción represiva y parcial para un problema global que nos afecta a todas, el Estado se exime de responsabilidad culpabilizando a los más indefensos, niños y niñas, que reciben un castigo como respuesta a una comunicación frustrada con una sociedad y unas instituciones que hacen oídos sordos a sus demandas y necesidades. La represión de determinadas conductas sin atender los motivos que las provocan desnaturaliza el conflicto social manifiesto transformándolo en un problema individual que el chaval sufre sin comprender, víctima de una sociedad que le excluye por encarnar sus miedos.

2.- Legaliza la tortura a nuestros niños y niñas. La privación de libertad a chavales va a ser algo común (hay penas hasta de 10 años!!!), para ello se están construyendo cárceles para “menores” por todo el Estado. Además la ley da autonomía a quien gestione dichas cárceles a imponer el régimen disciplinario que valore, permitiendo sanciones de hasta siete días de aislamiento total en celda específica para un chaval sin límite por acumulación de estas sanciones, reproduciendo así en críos el lamentable (e ilegal) régimen F.I.E.S que sufren los presos de nuestras cárceles, régimen caracterizado por los abusos de poder y vulneración de derechos fundamentales y que deja las puertas abiertas a palizas y torturas con total impunidad de carceleros y “educadores”.

3.- Se castiga la falta de recursos criminalizando los contextos de pobreza y exclusión social. Respaldando un modelo muy concreto de relaciones y de organización social y amparándose en los que ellos llaman “el interés del menor”, marcan como inadecuado todo lo que se sale de la norma trasladando el problema y la culpa al entorno afectivo y social de los chavales y chavalas, justificando de esta manera la conveniencia de la ruptura, añadiendo a todas las dificultades sociales la desvertebración del núcleo familiar y desmantelamiento de la red mínima de apoyo mutuo que supone así como el sufrimiento por desarraigo y falta de referentes afectivos en el crío o cría. Para realizar convenientemente este trabajo de segregación social están los “Equipos Técnicos” todopoderosos de las fiscalías de menores que tienen la ciencia divina de saber lo que le conviene a todo el mundo.

4.- Provoca un despilfarro de recursos. Los nuevos juzgados y las nuevas cárceles, policías, jueces, fiscales y abogados, educadores encargados de la ejecución de medidas, psicólogos y trabajadores sociales de equipos técnicos, etc., como un nuevo batallón de profesionales de la represión engordando una industria en alza que con niños y niñas como materia prima inagotable se enriquece impunemente. Y mientras en los barrios con múltiples carencias, sin infraestructuras, sin espacios lúdicos, con precariedad en la educación, recortando las prestaciones sociales, etc., perpetuando la injusticia y el sufrimiento....Sin invertir un duro en prevención, en mejoras que provoquen realidades menos agresoras y permitan procesos de crecimiento y maduración plenos. [--pagebreak--] 5.- Un proceso judicial y una pena o “medida” aborta e proceso de educación de cualquier chaval obligando a sumir una responsabilidad penal cuando todavía no esta ni siquiera preparado para asumir otros tipos de responsabilidades que se derivan del conocimiento e interiorización vivencial de la realidad y sociedad en la que le ha tocado vivir. La responsabilidad penal le viene en plazos ajenos a su proceso personal, desde una realidad, la judicial, que no es la suya, e impuesta por personas que no conoce y que por su puesto no son para él o para ella referentes de ningún tipo. Es una imposición, una agresión, una injerercia y jamás podrá ser una “Medida EDUCATIVA” como quieren que creamos.

6.- La penalización provoca reincidencia y reproducción del conflicto social. La responsabilidad penal en personas con procesos de crecimiento inacabados tiene el efecto perverso de promover una confusión entre la conducta criminalizada y la propia persona, ocasionándose así una identificación del todo con la parte, con consecuencias atroces pues todas las connotaciones negativas que tienen en esta sociedad dichos comportamientos se asumen por el individuo y se interiorizan conformándose una personalidad de desviado social que determinara su desarrollo, pues a partir de entonces sólo recibirá recriminaciones de una sociedad que le ha expulsado y cuyos referentes ya no son válidos. Sin caer en determinismos fatales son los niños de los reformatorios los que después pueblan nuestras cárceles.

7.-Esta ley oculta un fracaso social del que todas somos cómplices. El que en nuestra sociedad los conflictos se aborden desde la represión es responsabilidad de todos e implica una delegación peligrosa en los políticos y en sus instituciones la regulación de problemas que nos afectan muy directamente. La educación y posibilitar las condiciones para que esta se lleve a cabo es tarea de todas y no es más que una implicación activa en la construcción de una sociedad antagónica y para ello se hace necesaria una participación en el tejido social en sus diferentes ámbitos, familia, escuelas, barrios, etc. ejercitándonos en el apoyo mutuo y buscando alternativas que necesariamente pasan por el protagonismo de los chavales y chavalas con las que convivimos.

8.- Esta ley es un ejemplo que peligrosamente se contagia. Al legitimar de manera tan inequívoca la represión y promover por tanto los valores en los que se sustenta reproduce un modelo de resolución de conflictos en todos los ámbitos. Así, por qué no, que padres y madres peguen a niños y niñas, que profesores y profesoras castiguen alumnos y alumnas, que vecinos y vecinas denuncien a criaturas molestamente traviesas y que la sociedad regule, legisle e implante los mecanismos para que dichos mecanismos de modificación de conductas sean eficientes. Y esto aunque parezca tendencioso no lo es, tenemos procesos en los colegios calcados de las leyes penales, donde se “instruyen” casos y se emiten “sentencias”, convirtiendo los órganos educativos en un funcionariado de prisiones, y esto no está más que empezando pues los niños son cada vez más “malos y peligrosos”, a ver...

9.- Está basada en la concepción de que los niños y niñas son peligrosos y como sociedad nos hemos de dotar de herramientas para defendernos de ellos y ellas. Así pues esta ley atiende más a los derechos y necesidades de las personas adultas que a partir de ahora estarán más seguras en sus casas que a la de las propias implicadas, éstas son objetos pasivos que solamente sufren las consecuencias. El interés de salvaguardar el “bien general” se ve claro con lo que esta ley llama “RESPONSABILIDAD CIVIL SOLIDARIA”, que no es más que garantizar a la víctima que alguien pagará los platos rotos, ( aunque contradictoriamente el chaval sea declarado inocente de los actos que se le imputan), ello junto al papel “ejemplarizante” frente a la sociedad que han de tener las sentencias nos hacen intuir que los derechos del menor e incluso el respeto de sus garantías jurídicas es lo que menos cuenta en este lamentable teatrillo.

Por todo ello decimos que el oponerse a esta ley y denunciar los abusos que en su nombre se hagan ha de ser responsabilidad exigible a cualquier persona que le importe un poco la sociedad que vamos construyendo.