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Juan A. Estrada. Catedrático de Filosofía de la Universidad de Granada.


ESTAMOS ya en plena campaña pre-electoral y el tema de los impuestos cobra protagonismo. El líder de la derecha española promete sustanciales bajadas de la presión fiscal como parte de su propuesta de gobierno. Hablar de rebajas de impuestos en momentos en que crece el precio del dinero, y con ellos las hipotecas, y pierde fuerza el motor de la construcción, no deja de ser atractivo. A primera vista la oferta parece acertada y con gancho electoral. Sin embargo, viendo las cosas con más perspectivas, las cosas se complican. España es un país que ha pasado en una generación a alcanzar casi la renta media de la Unión Europea, aunque todavía le quede un tramo para alcanzar a los quince países ricos de la Unión.

Y, sin embargo, con un aumento espectacular de la renta por ciudadano hemos bajado en gastos sociales. La economía ha ido muy bien, el reparto de la riqueza bastante peor. Seguimos ocupando los últimos puestos en nuestro entorno en sanidad, educación, servicios sociales, atención a los ancianos y a los niños, etc. Incluso, paradójicamente, ha aumentado la mortalidad infantil en los noventa. Y es que somos más ricos pero somos de los que peor distribuyen la riqueza, en comparación con Italia, Francia, Alemania o Inglaterra, con los que queremos compararnos en términos de riqueza. España es un nuevo rico con una gran población de ancianos, que tiende a aumentar, y con uno de los índices de natalidad más bajos del mundo. Los jóvenes retrasan el casamiento por las dificultades para encontrar trabajo estable, por el precio de la vivienda, y por las pocas posibilidades que tienen de ayudas asistenciales estatales, autonómicas o centrales, que faciliten tener hijos. Estos son los problemas que hay que afrontar. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con servicios para todos, ya que una gran parte de los ciudadanos no pueden paliar las carencias del Estado social del bienestar, porque no tienen medios económicos para ello. Afianzar a la clase media, extenderla a la baja clase media y promocionar al mundo obrero parecen objetivos de cualquier política realista, no sólo de izquierdas. El gran colchón de la democracia es una mayoría poblacional por encima de la pobreza.


La convergencia con Europa pasa por el Estado de servicios sociales, que sigue diferenciandonos de la Europa próspera, moderna y democrática. Para esto se necesitan los impuestos, comparativamente bajos en España en relación con nuestro entorno. Lo progresista no es eliminar impuestos, sino emplearlos eficazmente, luchar contra la corrupción y concienciar a una clase política que suele converger en una única demanda, la de subirse el sueldo por encima de los ciudadanos. La mayoría de éstos asumen la necesidad democrática de los impuestos, lo que les indigna es ver cómo se utiliza mal el dinero público, la cantidad de gastos inútiles o superfluos y la dinámica de corrupción que invade las esferas sociales y políticas.


La alternativa que España necesita no es menos impuestos, sino su utilización eficiente y que comprendamos que el dinero del Estado es de todos (no de nadie) y que debe usarse con los mismos o mayores criterios de rigor, honestidad y eficiencia que el capital privado. Desde ahí si sería posible cambiar España y pasar del desarrollo económico a la redistribución justa de la riqueza, con especial hincapié en los sectores más marginados y débiles de la población. Y esto debería ser una política común a todos los partidos, aunque difieran en las formas, porque la izquierda lo ha sido más en materias culturales, bastante menos en las redistributivas y casi nada en la política global económica. La mayor productividad no se ha traducido en más y mejor equidad social y los buenos índices de la macroeconomía no han aprovechado proporcionalmente a la población, y mucho menos a los trabajadores que viven sólo de su salario. Estos han sido los “paganos” por antonomasia del desarrollo económico, y entre ellos, sobre todo las mujeres que tienen que paliar con su sacrificio las carencias asistenciales del Estado en la atención a los mayores y a los niños. Cambiar esto debería ser el objeto principal de la discusión política.