Durante años, el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera ha ido acumulando deudas importantes. Desde impago de nóminas, acumulación de facturas sin pagar, hasta incrementos de personal sin ningún control, han dejado al consistorio con una deuda de 35 millones de euros, que sumado al descenso de ingresos provoca la inestabilidad de la administración pública de la localidad.

Con la entrada en 2003 del nuevo equipo de gobierno, se pone en marcha un plan de saneamiento para hacer frente a la grave situación por la que atraviesa el Ayuntamiento, para ello, se ha ido reduciendo la deuda acumulada tanto en impagos a la Seguridad Social, de los que se han pagado 4,5 millones, como en deudas a empresas varias que suministran material, líneas telefónicas y de Internet, etc, y a las cuales ya se han devuelto unos 5 millones de euros.

Yendo más allá, y atendiendo a la escasez de fondos en las arcas municipales, es imposible llevar a cabo los pagos de las nóminas de todo el personal, es reseñable que por primera vez en 25 años, se ha podido alcanzar a pagar las nóminas de octubre y noviembre del pasado año, a mediados diciembre. Aún así, según el consistorio, es necesario llevar a cabo un recorte importante de la plantilla, para poder hacer frente a la situación.

En este sentido, se prevé que en 3 meses se concluya el proceso de reestructuración de personal, con las miras puestas en el posterior Expediente de Regulación de Empleo, que dejará en la calle a unas 300 personas. Al parecer y tras llevar a cabo un estudio para ver cuanto personal es necesario para mantener las tareas municipales básicas, la plantilla debería de sumar unas 400 personas. Ya se ha comenzado a reducir el personal con jubilaciones y prejubilaciones, hasta el momento 15, además de el despido de 20 personas con contratos temporales. En los próximos meses, se llevaran a cabo nuevas medidas para ir reduciendo paulatinamente la plantilla a 350 funcionarixs interinxs y 54 indefinidxs mayores de 55 años.

Para llevar a cabo la selección del personal se llevará a cabo un concurso público para poder asignar las plazas. En el caso de que el personal que sea aspirante a estas plazas no se presente, será incluido en el ERE para su posterior despido o prejubilación, dependiendo del caso.

Estas medidas que pretende llevar a cabo el Ayuntamiento y que se enmarcan dentro del rescate económico del mismo, provocará un shoc importante entre lxs trabajadorxs, que están viendo como peligra su puesto de trabajo a causa de la irresponsabilidad de lxs actores y actrices politicxs que conocían esta situación insostenible y no tuvieron la capacidad para paliar el cúmulo de problemas que se estaban produciendo.

Como venimos observando, es el colectivo de trabajadorxs el que sufre las consecuencias de las malas gestiones tanto de empresarixs, como, en este caso, de políticxs.