Cuantifica en más de 322.000 euros los daños globales al dominio público y alerta del peligo sufrido por la población y el medio ambiente.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla, a través de su Sección de Medioambiente, Delitos urbanísticos y Patrimonio Histórico, ha interpuesto una querella contra el director general de la compañía Cobre las Cruces, que construye la mayor mina a cielo abierto de Europa en suelos de Gerena, Guillena y Salteras, a consecuencia de toda una serie de delitos medioambientales detectados después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) descubriese 20 perforaciones no autorizadas en el acuífero Niebla-Posadas y un desequilibrio en el sistema de drenaje e inyección.

En un comunicado, la Fiscalía de la Audiencia Provincial aludió a la situación que atraviesa la compañía minera, filial de la multinacional canadiense Inmet Mining, a consecuencia de los expedientes sancionadores incoados por la CHG ante el descubrimiento de perforaciones ilegales, desequilibrios entre las detracciones e inyecciones del aprovechamiento autorizado sobre el acuífero Niebla-Posadas y los "repetidos incumplimientos" de los requerimientos medioambientales implícitos en tal concesión.

En concreto, la Fiscalía ha detectado un "delito continuado de daños" conforme a los artículos 263 y 264.1.4 del Código Penal, así como un delito contra el medio ambiente en función de los artículos 325 y 326, en sus apartados A y B, del mismo cuerpo legal, dado que tales hechos, que entre el 12 y el 14 de mayo supusieron la suspensión de la citada autorización y la paralización de las excavaciones de la corta minera por parte de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, han supuesto "una alteración de los volúmenes permitidos afectando, a las aguas públicas por su intoxicación con sustancias nocivas tales como arsénico".

En la inspección cursada el 4 de julio de 2007 por los técnicos de la CHG se fundamenta la querella interpuesta por la Fiscalía, que recuerda que las muestras arrojaron la presencia de "diversas sustancias contaminantes, fundamentalmente arsénico" con valores muy superiores a los marcados por el Real Decreto que establece la calidad del agua para el consumo humano.

La Fiscalía, en función de la investigación incoada por la CHG, alude también a un "incumplimiento radical de la obligación de reintegrar al acuífero de los caudales extraídos", extremo que motivó la suspensión de la autorización del sistema de drenaje y reinyección el 12 de mayo de 2008 con el consiguiente precinto de los sondeos. La valoración de los daños, según revela el comunicado de la Fiscalía, fija en 249.521,43 euros los perjuicios por el desequilibrio entre detracciones e inyecciones y en 43.688,17 euros en el caso de los daños por contaminación. Este último concepto, el de contaminación, implicaría una infracción "muy grave" de las condiciones anexas a la concesión con una "posible multa de 568.419'20 euros".

Las 20 perforaciones ilegales detectadas por las inspecciones de la CHG suponen un "daño al dominio público" valorado en 29.172 euros según los propios técnicos del organismo, aunque los perjuicios por la construcción de las citadas balsas "han sido considerados no cuantificables, ya que alteran gravemente el natural discurrir de las aguas, impidiendo la expansión de las avenidas, con posibles daños a personas, bienes o medio ambiente".

Así, el departamento de María José Segarra resume que los daños globales cuantificados en cuanto al al dominio público suman "al menos" 322.381'60 euros, a lo que debe agregarse "una grave alteración del curso de las aguas", arriesgando "personas y el entorno medio ambiental" al contaminar con arsénico un acuífero del que se abastece la población humana".