La medida del Ayuntamiento de instalar veinte cámaras para cortar el tráfico a vehículos particulares ha hecho reaccionar a los comerciantes, que critican al Consistorio por permitir esta acción y no la implantación de cámaras en las calles donde están sus locales.
El casco histórico de Sevilla se cortará al tráfico privado de automóviles. Esta medida se llevará a cabo previa implantación de veinte cámaras de videovigilancia en las entradas del centro. Su colocación costará un millón de euros al Ayuntamiento, que ha anunciado que está trabajando para que se implante el sistema más eficaz de visión artificial con el fin de detectar los coches que tienen prohibido el paso.
Esta medida intentará llevarse a cabo cuanto antes, con el fin de hacer del centro una zona para los peatones y el transporte público, pudiendo entrar sólo automóviles de los vecinos del centro y en servicio de urgencia. De este modo, se intentarán reducir los más de 109.000 desplazamientos diarios en automóvil por el casco urbano.
Esta medida ya se ha tomado en Madrid, con un resultado positivo para las instituciones, ya que, además de reducir el tráfico a motor, las multas por entrada indebida han hecho incrementar el dinero en las arcas públicas.
Por su parte, los comerciantes no apoyan esta iniciativa y la critican, ya que, como ha declarado Aprocom (la Federación provincial de Asociaciones de Comerciantes de Sevilla), estas cámaras se instalan para esta finalidad, mientras que no para sus intereses: la protección de sus locales y calles; además, esta restricción hará descender el tránsito comercial de centro. Por otro lado, han criticado que en la sede de IU se hayan instalado cámaras, mientras que, defendiendo la libertad colectiva, las niegan en las calles calificadas, por los mismos comerciantes, de poco seguras.
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