Los últimos y trágicos movimientos migratorios se produjeron ayer, Viernes 11, cuando una patera con 59 personas llegó a la Playa Santiago, del municipio de Alajeró. Entre sus ocupantes, once se encontraban en estado grave y cuatro habían fallecido, ascendiendo así a la cifra de casi 300 víctimas inmigrantes en el intento de cruzar el mar.

El presidente, J. Luis Rodríguez Zapatero, anunció que el Ministerio de Interior seguiría trabajando junto con Marruecos y otros países subsaharianos en su llamada “lucha contra la inmigración irregular”. Al mismo tiempo declaran una reducción de llegadas de pateras a las costas españolas, sin mostrar la causa de esto (persecución, pérdidas humanas y restricciones de derechos). La relación política España-Marruecos está proyectada, con la intervención de la UE, a un control más intenso de las fronteras; fronteras que procuran evitar el fluido de personas que escapan de la explotación degradante de las empresas, causantes de la perpetuidad de la pobreza. La Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró que “lo prioritario es salvar vidas, que es lo que hacemos, y facilitar la recuperación de los supervivientes” para luego imponerles la ley, que no cuenta con ninguna clase de asilo por naufragio.

No obstante, la situación se agrava con la aprobación de la Directiva Retorno del Parlamento Europeo, en la que se agrede nuevamente los derechos fundamentales humanos. Entre algunos cambios, la política policial contra las migraciones será más estricta, proliferando en consecuencia la exclusión social de este colectivo, que por el simple hecho de buscar “una vida mejor”, pueden ser privados de libertad o desterramos con el mismo trato hacia quien comete un delito. Junto con las derechas europeas, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acepta estas medidas represivas de la Unión Europea, cada vez más autoritaria y menos democrática.