Mientras el PSOE y los comerciantes siguen convencidos de la necesidad de la implantación del sistema de videovigilancia, IU se ha desmarcado y ahora lo rechaza. Por su parte, el sistema sigue ampliándose y las zonas donde se instalarían se han multiplicado
Aprocom (Federación provincial de comerciantes de Sevilla) reclamó en el mes de mayo la ampliación de la zona para la instalación de la videovigilancia que el Ayuntamiento de Sevilla ha propuesto, a la zona del patrocinio, en Triana, redundando en la necesidad de dicho sistema de vigilancia por los atracos y la inseguridad de dichas zonas.
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce, y a pesar de esta función de seguridad, subyace la función de vigilancia y represión en casos de movimientos sociales. Un ejemplo es como el Ayuntamiento de Sevilla utilizó en los años 2004 y 2005 unas cámaras de tráfico para grabar manifestaciones en la Plaza Nueva, delante del Consistorio. Este hecho, denunciado el pasado mes de mayo por el CSI- CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), consistió en la grabación de manifestaciones, como la de AUSSA, empresa encargada de la grua municipal, como la de los taxistas o de diversos sindicatos. Estas grabaciones serían un delito ya que se harían sin que las personas grabadas dieran el consentimiento; además, sería un fraude de ley ya que se usarían dichos aparatos para una función diferente de la que tienen con su implantaron.
Ante esta situación, la Asamblea por el Libre Uso del Espacio Público ha iniciado una campaña contra este proyecto de instalación de cámaras que el Ayuntamiento ha iniciado con el apoyo de Aprocom. Por ello, han iniciado una campaña de recogida de firmas de un manifiesto que han redactado. Esta acción ha venido seguida de dos charlas (en la Fábrica de Sombreros y en el Centro Cívico las Sirenas) y, de momento, dos “mapeos” de cámaras por el centro de la ciudad para denunciar y constatar la colocación de multitud de cámaras que violan la libertad de los ciudadanos.
Esta multiplicación de la vigilancia, que se había pensado en principio para cinco zonas comerciales, parques empresariales y doce polígonos industriales, porque, no olvidemos, que esta medida ha sido fomentada por los comerciantes, ha dado lugar a que el Ayuntamiento haya prometido la implantación de las cámaras en todas las paradas de taxis. Su función será la de impedir y controlar a los vehículos que se estacionen en dichas paradas. La medida ha sido ratificada por la Unión Sevillana de Taxi. A esto habría que añadir las cámaras colocadas en las entradas del centro histórico de la ciudad para impedir que penetren vehículos privados, y poder controlarlos.
En su defensa de la necesidad de cámaras, los partidos políticos, apoyados por los medios de desinformación, sacan a la luz dartos como los siguientes: en Madrid, la instalación de 31 cámaras ha causado 188.949 actuaciones policiales y 1.724 detenciones, lo que, según los medios de comunicación de masas, ha dado una mayor tranquilidad en “el pueblo” y comerciantes.
Las cámaras también van a llegar a los bosques. La vista de la naturaleza se verá obstaculizada por una serie de cámaras de visión infrarroja que detectarán los fuegos en caso de producirse incendios forestales. Esta medida, anunciada por la Consejería de Medio Ambiente, se ha instalado en el Parque Natural Sierra Norte dentro del Plan de prevención y Extinción de Incendios (Infoca), formando parte del llamado Sistema Bosque. Este sistema de cámaras ha costado más de dos millones de euros.
En este debate, IU ha rechazado la instalación de las cámaras, pese a que anteriormente había encargado un estudio de viabilidad para instalar más de 200 equipos. Han llegado a esta posición tras un debate interno en el que han antepuesto la libertad a la seguridad. No obstante, a pesar de haber afirmado que hay sentencias hay sentencias que cuestionan la pérdida de privacidad en el paseo de los ciudadanos, han declarado que las aceptarán su hay un fallo judicial que las avale. A este respecto, los ejemplos en Andalucía son contradictorios, ya que mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó las cámaras en el centro de Málaga, no ha sido así en Granada. Sin embargo, sí que ha instalado cámaras en su sede del Polígono de San Pablo
Como alternativas el grupo Municipal ha apuntado al cuerpo de policía local, la educación ciudadana y la vigilancia previa en lugares problemáticos. Ante esta reacción los comerciantes han respondido alegando que se han visto engañados al haber negociado con el Ayuntamiento durante meses, y que creen que habría una responsabilidad patrimonial por parte del Ayuntamiento ante esta negativa.
Noticias relacionadas:
(Andalucía): Incrementan las cámaras de videovigilancia para el control sistemático de la población
