inSurGente.- Nos hacemos eco del caso de Joaquín, un andaluz que tuvo la desgracia de perder una pierna como consecuencia de una negligencia médica y que, desde entonces, vive en permanente combate con la Junta de Andalucía, propietaria de su vivienda, intentando conseguir que ésta asuma sus responsabilidades y cumpla sus propias leyes, adecuando el hogar de Joaquín a su discapacidad funcional, superando las barreras arquitectónicas. Hagan clic en "Leer más" para conocer el caso.   

En la vida, y en ocasiones, nos topamos con situaciones particulares de personas que son auténticos casos de juzgado de guardia, que tanto a los juzgados de guardia, como a las administraciones públicas, como a nuestros representantes políticos y asociativos parecen pasarles desapercibidos e importarles bien poco, mientras no les vayan creando problemas dentro del rango de prestación de su acción de inmediatez.

1.- Estamos ante un edificio de propiedad pública, adjudicado a una persona, actualmente con  discapacidad,  para la que es inaccesible. Luego, el que tiene la propiedad tiene que tener la solución, más aún siendo la propia Administración pública  y no puede centrar esta solución en que se busque la vida, porque el hecho de que le haya sido adjudicada esa vivienda  por la propia Administración pública obedece a que no estamos hablando de ningún rico que pueda cambiar de casa como quien puede cambiar de camiseta.

2.- En el informe, aunque reconoce la posibilidad de llevar a cabo acciones de tipo interno en la casa, para la accesibilidad en baño y cocina, le admiten que es prácticamente inviable en lo que se refiere a espacios comunes, es decir poner ascensor, porque requeriría:

a) Unanimidad de todos los vecinos por cambio de estructura del inmueble.

b) Pasar por todas las cocinas del vecindario  para la puesta del ascensor con los supuestos cambios individuales de estructura de todas las viviendas.

c) Invadir un espacio público, lo que requeriría el pertinente permiso y dotación municipal. No vale que le sugieran plataformas elevadoras hasta un segundo piso, como consta en el informe, porque eso es mucho más esclavizante y  más inefectivo, ese tipo de artilugios sirven malamente  para salvar pocos peldaños, nunca  dos pisos, y en la mayoría de casos, está más veces averiado que en uso.

d) Tiempo y costes que dejan en el aire y frente a los que, además, la Administración parece lavarse las manos, cuanto más llegan a la otorgación de subvenciones, si procede, en tiempo y forma.

A Joaquín, como a cualquier otro ciudadano ante un caso de éstos, le avalan, o deberían avalarle, los supuestos articulados de varias  normativas y leyes como:

a) La Constitución

b) La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI)

c) La Ley de Igualdad de oportunidades  de las personas con discapacidad  (LIONDAU)

d) La Ley de Igualdad de las personas con discapacidad de la Junta de Andalucía.

e) La normativa de accesibilidad de la Junta de Andalucía

f) La normativa por la que se rigen las viviendas de promoción pública